La policía de Nicaragua allanó el viernes la residencia de un obispo católico y aparentemente lo detuvo junto a varias personas que lo acompañaban después de que los agentes sitiaran el lugar durante dos semanas.
La operación, que se produjo antes del amanecer, ocurrió luego de que las autoridades nicaragüenses acusaran el 5 de agosto al obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez —un abierto crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega— de presuntamente “organizar grupos violentos” e incitarlos “a realizar actos de odio contra la población”.
A primera hora del viernes la diócesis de Matagalpa publicó en las redes sociales el mensaje: “#SOS #Urgente. A esta hora la Policía Nacional ha ingresado a la Curia episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”.
Ni la Policía Nacional ni el gobierno confirmaron de momento el allanamiento y las detenciones.
El gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes. Decenas de líderes políticos de la oposición fueron arrestados el año pasado, incluidos siete posibles candidatos para desafiarlo a la presidencia, y fueron condenados a prisión en juicios rápidos y cerrados al público.
A su vez el Congreso, dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, ordenó el cierre de más de 1,000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa.
En un mensaje de vídeo, Pablo Cuevas, abogado del no gubernamental Comité Permanente de Derechos Humanos, condenó la detención de Álvarez pero dijo que no era inesperada. “Ha ocurrido lo que evidentemente iba a ocurrir, la detención arbitraria y abusiva de Monseñor Álvarez”, afirmó.
Edwin Román, un sacerdote nicaragüense exiliado en Estados Unidos, tuiteó: “¡DIOS MÍO! Qué barbaridad, se han llevado a Monseñor Rolando Álvarez, con los sacerdotes que estaban con él”.
La policía dijo la semana pasada que la investigación al obispo de Matagalpa incluía a varias personas y advirtió que no se les permitiría salir de sus casas mientras se realizaban las indagaciones.
Álvarez ha sido una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega llevó a una represión que dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
Según Ortega la revuelta social fue un “fallido golpe de Estado” con apoyo extranjero y de la Iglesia católica nicaragüense. La oposición sostiene que en el país hay al menos 190 “presos políticos”, pero Ortega asegura que son “delincuentes y terroristas”.
Un mes después del estallido de las protestas Álvarez reclamó reformas electorales que garantizaran elecciones libres, justas y transparentes con observación internacional.
El obispo ha mantenido esos llamados a la democracia durante los últimos cuatro años, lo que enfureció a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Las detenciones del viernes son el colofón de semanas de crecientes tensiones entre la Iglesia católica y el gobierno de Ortega.
Anteriormente, el gobierno había cerrado ocho radioemisoras y un canal de televisión en la provincia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de Managua. Siete de las emisoras eran gestionadas por la Iglesia católica.
Días atrás la Arquidiócesis de Managua expresó su apoyo a Álvarez. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “acoso constante” al pueblo y a la Iglesia nicaragüense.
Sin embargo, el Vaticano guardó silencio público durante casi dos semanas, lo que provocó las críticas de intelectuales latinoamericanos y activistas de derechos humanos.
El viernes pasado monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a las partes que “busquen vías de entendimiento”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ortega ha tenido una relación complicada con la religión predominante de Nicaragua y sus líderes durante más de cuatro décadas. El exguerrillero marxista enfureció al Vaticano en la década de 1980 pero gradualmente forjó una alianza con la Iglesia mientras intentaba recuperar la presidencia en 2007 después de un largo período fuera del poder.
Ortega inicialmente invitó a la Iglesia a mediar en las conversaciones con los manifestantes en 2018, pero desde entonces ha tomado una posición más agresiva.
Días antes de las elecciones presidenciales del año pasado -en las que obtuvo un cuarto mandato consecutivo mientras sus más fuertes opositores estaban encarcelados-, acusó a los obispos de haber elaborado una propuesta política en 2018 “al servicio de los yanquis” y consideró que los prelados eran “terroristas”.
En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en el país.
